- La masacre de Los Surgentes |
Son las primeras horas del día cuando Dionisio ingresa a las apuradas en la comisaría. Dice ser propietario de unos campos a unos pocos kilómetros de allí, en el paraje Los Surgentes, y que esa mañana halló varios cuerpos al costado de la ruta. El oficial Saldaña toma nota e, inmediatamente, parte junto a otro efectivo siguiendo las indicaciones recibidas. Luego de doblar por un camino de tierra que conecta hacia el este de la ruta provincial Nº6, el patrullero se detiene. Los oficiales bajan del vehículo y, tal y como les fue indicado, observan unos bultos que sobresalen entre los pastizales. Cuando avanzan unos pasos más, constatan que se trata de siete cuerpos: uno junto al otro y con las manos atadas con alambre.
Días atrás, en la madrugada del 14 de octubre de 1976, un grupo de tareas de la dictadura irrumpía en el domicilio de Ana Lía Murguiondo. En pocos minutos, Ana era secuestrada junto a su hija de dos años y trasladada al centro clandestino El Pozo, en Rosario. Allí se hallaban cinco personas más que también habían sido detenidas durante esa semana. Al día siguiente, un joven llamado Sergio Abdo Jalil corría el mismo destino: esa tarde, mientras paseaba junto a una compañera era vendado y subido a un auto por la fuerza. Minutos después, la mujer aparecía acribillada y los medios hablaban de un enfrentamiento. Cuando Sergio llegó a El Pozo, se encontró con tres hombres y tres mujeres que, al igual que él, pertenecían a Montoneros.
Frente a varios hombres, Ana se negó a ser interrogada. No iba a darles información a los represores. Su postura se mantuvo inamovible; por eso, decidió hacerse presente el comandante de Gendarmería, amo y señor de Rosario, Agustín Feced. Luego de una sesión de torturas, le advirtió que, si no colaboraba, le aplicaría la picana eléctrica a su hija. Para la madrugada del 17, las siete personas fueron reunidas y obligadas a colocarse boca abajo. Se las esposó con las manos en la espalda y se les vendaron los ojos. Acto seguido, fueron subidas a un vehículo con destino a la provincia de Córdoba.
En Los Surgentes, los dos policías hacen lo que el manual indica y llaman a la jueza de paz, al médico y al fotógrafo. Se toman las huellas dactilares y el doctor Minella expone que hay claras evidencias de tortura, mutilaciones y muerte por fusilamiento. Pero todo cambia cuando, como es obligación en tiempos de militares, se informa al Ejército. Allí reciben la orden de no levantar un solo proyectil, no tomar huellas y trasladar los cuerpos al cementerio como NN. A Saldaña se le indica que no deben quedar rastros ni evidencia alguna. Esa noche, los policías hacen guardia junto a los cuerpos en el cementerio. Mientras tanto, en su casa, el fotógrafo se apura a quemar los negativos, y quienes estuvieron presentes elaboran fehacientes coartadas por temor a que, de un momento a otro, golpeen sus puertas.