QUIÉN FUERA GOLONDRINA…

Por Paula Kearney | Los papeles en regla, o el derecho a ser-hacer-estar-migrar |

Los controles migratorios han sido, históricamente, un mecanismo de control social en pos del desarrollo y evolución de los diferentes sistemas de explotación: desde los barcos cargados en África con personas esclavizadas, hasta el actual número de inmigrantes (legales e ilegales) que «toleran» algunos países -como si no fueran parte fundamental de su economía-, y que, cada tanto, se transforman en un «problema», ya que, si les reciben en su totalidad, «colapsa el sistema»; pasando por la constante expulsión de los pueblos que habitan territorios codiciados para emprendimientos comerciales o geo-políticamente estratégicos.

En un mundo que propone que el capital circule libremente, las personas encuentran cada vez más barreras para atravesar las fronteras. El mercado -las grandes corporaciones multinacionales- exige a los Estados que intervengan lo mínimo posible en el flujo de capitales pero que controlen rigurosamente la circulación de las personas. Así, estas son entendidas como recursos humanos o costos, dependiendo de si son, o no, «económicamente activas». Por eso, cuando se trata de personas-capital, se «arreglan» los papeles: el caso más paradigmático, quizás, es el de los jugadores de fútbol, que valen millones, y a quienes mueven por todo el mundo sin problemas de visado.

Las personas, para este sistema, son aquellas con derecho a la ciudadanía. Pero esto no es nuevo ni propio de la (pos)modernidad: ya en la Polis griega les esclaves no eran personas, del mismo modo que tampoco lo eran los pueblos que habitaban el actual Continente Americano, hasta incluso mucho después de la conquista. Tampoco lo eran les herejes en la Europa medieval, ni las personas de piel negra -hasta el siglo pasado- en el país de la democracia y la libertad.

Inmigrantes europeos llegando a la Argentina.

Sin ir más lejos, en la naciente Argentina de 1815 ya había un decreto que establecía que «todo hombre de campo que no acredite tener propiedades legítimas o tierras de qué subsistir, será reputado sirviente, y obligado a llevar papeleta de conchavo de su patrón, visada cada tres meses por el juez de paz, so pena de declarársele vago y castigado con cinco años de servicio militar obligatorio, o, si no sirviera para ese destino, con dos años de conchavo obligatorio a cargo de un patrón, la primera vez, y de diez años la segunda, en caso de reincidencia» (PEÑA:2010).

En 1853, sin embargo, el Preámbulo de la Constitución Nacional, vigente hasta el día de la fecha, estableció que «con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina». Más allá del sexismo del texto, y aun entendiendo que por «todos los hombres» se refiere a todas las personas, hay en esa afirmación una invitación que pocos países en el mundo hacían, y aún hoy hacen, a recibir e incluir a cualquier persona que quiera habitar estas tierras. Pero como no todo lo que brilla es oro, también de 1853 es el Artículo 25, que también sigue vigente al día de hoy, y que dice que «el Gobierno federal fomentará la inmigración europea», dando por tierra con el Preámbulo y abrazando los conceptos de civilización y barbarie planteados por el padre de la educación: Domingo Faustino Sarmiento, en 1845.

Siguiendo la línea del sanjuanino, en mayo de 2018, el gobierno de Mauricio Macri envió al personal de seguridad aeroportuaria el memorandum 192/18 de la Dirección Nacional de Migraciones, que exige «reforzar el control a ciudadanos haitianos y de otras ‘nacionalidades sensibles’», y especifica: «de medio oriente, colombianos, africanos, etcétera».

«Extraños”, de Edel Rodríguez.

Cabe, en este sentido, recordar a la socióloga y becaria doctoral del CONICET, Carina Trabalon, cuando dice que «resulta necesario advertir cómo los visados, conjugados con prácticas de expulsión (como los rechazos en frontera) y los diversos obstáculos existentes para la obtención de la regularidad migratoria, colocan a los Estados como actores fundamentales, aunque no únicos, de los procesos de ilegalización y criminalización de aquellos migrantes considerados no ‘deseables’. Todo ello, desde una narrativa que afirma contradictoriamente la necesidad de seguridad y humanitarismo pero que, en términos prácticos, resulta, sobre todo, en la vulneración de sus derechos de movilidad. Es decir, priorizando la ‘seguridad nacional’  por encima de la protección de los migrantes».

Así, se ve claramente cómo, a partir de que está hecha la ley, está también hecha la trampa. Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos establecen el derecho a «salir del país», pero claro, si se sale de un país, automáticamente se está en otro. No existen franjas de territorio de propiedad universal. Podría pensarse en cierta zona de los aeropuertos internacionales… Tal vez el punto exacto de la cola para la ventanilla de Migraciones… «Pasajera en tránsito perpetuo», dijo Charly García. Pero volviendo a la realidad concreta, si bien existe este derecho humano a salir del país, y por ende se entiende que a migrar hacia otro, siempre está el gobierno que decide pararse desde la vereda de enfrente a la de los derechos humanos, y entonces argumenta que el derecho humano no es a migrar, sino a salir del país, lavándose las manos y aplicando medidas xenófobas y discriminatorias según la conveniencia.

En Argentina, a pesar del memorandum citado, y otros actos administrativos discriminatorios del Gobierno de Mauricio Macri, desde el año 2004 rige la Ley 25.871, que en su Artículo 4º dice: «El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y universalidad». De esta manera, el articulado pone al derecho humano de las personas a migrar en el centro de la escena y se transforma en referencia para el mundo entero, aunque, como se dijo, incluso dentro de la propia legalidad, se encuentra la manera de hacer la trampa para seleccionar qué personas, y en qué circunstancias, son bienvenidas, y cuáles no.

México, 2021.

Este fenómeno no es exclusivo de este país al sur del sur. También en países desarrollados, civilizados, del primer mundo, se encuentran estas maniobras, una y otra vez. Un ejemplo claro y reciente es la actitud que tomó el Gobierno alemán en 2015 frente a la llamada «crisis del Mediterráneo», que entre 2014 y 2016 registró un aumento exponencial de pateras ilegales llegando a Europa a través de las costas de Grecia e Italia, alcanzando en 2015 la exorbitante cifra de 65,3 millones de personas desplazadas en el mundo debido a conflictos o persecuciones, de las cuales más de un millón llegaron a esas costas solamente por mar, dejando en 2016 un saldo de más de cinco mil personas muertas o desaparecidas en esas aguas a las que les cantaba un catalán. (ACNUR 2016).

El apogeo en la construcción mediática de la tragedia -como si fuera algo circunstancial y no sistémico- fue a partir de la circulación de la foto del cuerpo de un niño de tres años ahogado en las costas de Turquía en 2015, que recorrió el mundo entero gracias a la siempre dispuesta prensa amarilla y el morbo imperante en las redes sociales. Frente a esto, el Gobierno de la canciller alemana Angela Merkel anunció que recibiría a 800 mil refugiados/as; lo que le valió el apodo de «Mamá Angela». Pero basta rascar un poquito el revestimiento de solidaridad para encontrar el oportunismo de la mujer que había exigido a Grecia los ajustes económicos que sumieron al país en una profunda crisis económica y política que, casualmente, hizo añicos al gobierno de Syriza, desplomando un proyecto de soberanía del pueblo griego sobre su territorio, al que, de manera permanente, llegan migrantes en condiciones de extrema vulnerabilidad; cuando llegan.

Volviendo a la política de «puertas abiertas» que anunció «Mamá Angela» en 2015, el cientista social Ludger Pries, explica que en Alemania «el envejecimiento de la población hasta la mitad del siglo conlleva la necesidad de inmigración neta sustancial y continua. Según todos los cálculos científicos, Alemania necesita de 200 a 300 mil inmigrantes netos cada año para sostener su sistema social de bienestar. De lo contrario, el sistema de pensiones y jubilaciones colapsaría. Aun así, con 300 mil inmigrantes netos, según pronósticos el país decrecería de unos 80 a 70 millones de habitantes hasta 2050. A pesar de las discusiones acerca de la validez de estos pronósticos y del tamaño de inmigración necesaria, en lo general había y existe gran sensibilidad y consenso acerca de la necesidad de inmigración. Para muchos alemanes, los refugiados eran considerados no tanto como problema sino como parte de la solución de los retos demográficos» (https://bit.ly/3KC5ITR).

Migrantes en el mar Mediterráneo.

Mientras tanto, en las antípodas de cualquier derecho: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump*. Nuevamente, la creación mediática de una crisis como algo circunstancial: «la caravana migrante» que en 2018 partió desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Por supuesto que existen estos picos de intensidad en migraciones que son sistémicas, pero construir la idea de que la crisis humanitaria se da en el momento del pico -invisibilizando el grado de vulneración estructural en que viven esos pueblos-, es, casualmente, totalmente funcional a la puesta en marcha de dispositivos de «ayuda humanitaria» que atienden la urgencia y reproducen el asistencialismo, pero en ningún momento cuestionan -ni las ONG, ni los Estados, ni mucho menos, por supuesto, el mercado- un sistema que necesita de los coyotes y las mulas que sostienen la industria de la guerra, el narcotráfico, la prostitución y la trata de personas, con las consecuentes trabas migratorias en pos de «la democracia y la lucha contra el narcotráfico»; y volvemos a empezar. Al fin y al cabo, se trata de las principales industrias del mercado mundial.

Cabe remarcar, igualmente, que las variables que inciden en los flujos migratorios son múltiples: desde las motivaciones personales a las migraciones económicas, pasando por los éxodos de pueblos enteros que habitan territorios-escenario de batallas militares, entre tantos otros factores. En este sentido, hay un tipo de emigración muy específica: el exilio, que no es voluntario ni inducido, sino obligatorio. La persona exiliada fue expulsada de su país.

Sobre el exilio en Argentina y Latinoamércia en particular, la coordinadora del Grupo de estudios sobre Migraciones de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR, Mariana García, explica que tiene un caracter estructural, que «tiene que ver con un fenómeno de supresión política del otro, tal como dice (el cientista político Luis) Roniger, a través de la exclusión del campo político nacional», pero destaca que a su vez, paradójicamente, «los exiliados, o las diásporas, constituían en el exterior un proyecto político que, generalmente al retorno, se instauraba como proyecto en el campo político nacional. (…). Pensemos que, como dice Roniger, a lo largo de la historia Argentina, nueve presidentes y ex presidentes fueron exiliados, antes o después de su mandato. Y nuestra historia es corta, tiene doscientos años».

Al entender el caracter estructural del exilio en la Argentina, García aclara que «los exilios fueron hasta la década del ’70 un exilio de élites, o un exilio particuar, porque se perseguía a algunas personas vinculadas políticamente que eran excluidas del sistema político por parte de la élite gobernante, tanto en regímenes militares como en regímenes civiles», pero en la década de los ’70 y los ’80, «la política de la Dictadura Cívico-Militar, es una política, queriendo o sin quererlo, de exilio. El exilio como eliminación del sujeto político».

Esta especificidad, continúa la politóloga, hace que «la masividad que cobra el exilio en la década de los ’70 lo hace, si se quiere, democrático, no elitista» a pesar de que «la composición demográfica de ese exilio es mayormente de clase media, mayormenete de personas profesionales, agremiadas; pero lo que caracteriza al fenómeno del exilio en los ’70 y los ’80 es el grado de compromiso político estructural y el grado de involucramiento de la política en la vida cotidiana. Es decir, la existencia de estas miles de personas que fueron forzadas a salir del país porque su vida corría riesgos, la de sus hijos, la de sus familiares, la de sus hermanos, la de sus esposos; o bien ya habían sido desaparecidos, o bien ya habían sido secuestrados, o bien ya habían sido torturados, o bien ya estaban presos y se les permitía el exilio como especie de perdón o pseudo norma constitucional». En este sentido, remarca que «lo que caracterizaba ese exilio fue la masividad. El exilio en los ’70 y los ’80 fue una violación a los derechos humanos: las personas que partían, partían porque estaba en riesgo su vida; la totalidad de su vida tal cual la desplegaba en ese entonces, con un conjunto de dimensiones políticas que iban a distintos planos de la vida. (…). La totalidad del ejercicio de lo político de la generación que es exiliada, que es desaparecida en estas décadas, tenía el conjunto de sus condiciones cotidianas de existencia; y es por eso que son objeto de un genocidio político, porque lo que se quería desaparecer, era el sujeto político comprometido: maestra, gremialista, militante, cantante, artista… No necesariamente con un grado de compromiso total y absoluto», y que, además, «atravesó todas las clases sociales».

Por otra parte, señala García avanzando en la recta histórica de Argentina, «están los fenómenos de emigración económica por exclusión del mercado de trabajo, que son los fenómenos más representativos de las crísis económicas de fines de los ’80 y fines de los ’90. La famosa crisis del 2001 arroja un saldo de aproximadamente 200 mil argentinos, jóvenes principalmente, que parten del país porque no están dentro del mercado de trabajo. Entonces, ¿a eso cómo lo caracterizamos?, ¿Es un exilio, un exilio económico? ¿Es una emigración política? ¿Es una migración económica? Indudablemente no se puede comparar con lo que fue exilio fruto del genocidio político de la Dictadura Cívico-Militar, pero también es una exclusión del país, una exclusión del mercado de trabajo, una falta de posibilidades como consecuencia de la inserción de la economía argentina en un esquema global, con un rol determinado, donde las personas sobran en determinados momentos y en determinadas coyunturas de crisis».

Para los casos de exilios políticos, existen las categorías  de asilo y refugio, que garantizan a las personas exiliadas la condición de personas, en tanto se les mantiene, de algún modo, su condición de personas con derecho a ciudadanía; pero para otro tipo de migraciones, forzosas o voluntarias, los controles son severos y las trabas a la circulación no son más que articulaciones del engranaje que garantiza un determinado tipo de movimiento de personas en el mundo, de acuerdo a las necesidades, no humanas, sino económicas, del sistema de explotación internacional.

*Artículo publicado en revista Livertá! edición noviembre-diciembre 2019