Por Sofía Varas Rojas * |
Una escena cotidiana
Hace unos días estaba mirando el teléfono mientras esperaba el transporte. Entre una publicación y otra apareció un video que aseguraba que había ocurrido algo grave en el país. Tenía imágenes, una voz aparentemente segura y cientos de comentarios que parecían confirmar lo que decía. Lo recibí como tantas veces recibimos información en redes sociales, casi sin detenerme: no hice clic, no busqué la noticia, no revisé la fecha de las imágenes. Después apareció otra publicación que afirmaba exactamente lo contrario. También tenía fotografías, comentarios y personas asegurando que «esa era la verdad». Finalmente encontré una tercera versión que decía que ambas informaciones eran falsas.
Lo más inquietante no fue descubrir que una de las versiones probablemente era incorrecta. Fue advertir lo rápido que había pasado de intentar saber qué había ocurrido a preguntarme en cuál de las versiones podía confiar. En menos de unos minutos, la pregunta había cambiado. Ya no era «¿qué pasó?», sino «¿a quién le creo?». Y cuando todas las fuentes parecían sospechosas, apareció una posibilidad todavía más inquietante: dejar de creer en todas.
Esa experiencia, aparentemente trivial, contiene uno de los problemas políticos más importantes de nuestro tiempo. La disputa por la verdad ya no ocurre solamente en los diarios, en la televisión, en los discursos de los gobiernos o durante las campañas electorales. También ocurre en nuestro teléfono, mientras viajamos, trabajamos, esperamos un micro o tomamos un café. Ocurre mientras deslizamos el dedo por una pantalla y entramos, muchas veces sin advertirlo, en un espacio donde información, propaganda, opinión, entretenimiento y manipulación pueden aparecer mezclados.
Por eso vale la pena preguntarse qué es el tecnofascismo y, sobre todo, por qué debería importarnos. No se trata de utilizar una palabra de moda para describir cualquier fenómeno político que nos incomode, sino de intentar comprender una transformación más profunda: la manera en que las tecnologías digitales, la concentración económica, la propaganda, los datos y las emociones pueden convertirse en nuevas herramientas para disputar la percepción de millones de personas.
El tecnofascismo no es solamente tecnología
Hablar de tecnofascismo no significa afirmar que vivimos exactamente el mismo fascismo europeo del siglo XX. Esa equivalencia sería históricamente incorrecta. El concepto funciona mejor como una categoría crítica para observar una posible convergencia contemporánea entre tecnología, concentración de poder, vigilancia, propaganda, manipulación de información y transformación de la esfera pública. Lo que interesa no es buscar uniformes fascistas detrás de cada pantalla, sino comprender qué ocurre cuando herramientas capaces de intervenir sobre millones de personas se encuentran con estructuras económicas y políticas altamente concentradas.
El fascismo histórico contó con periódicos, radio, propaganda, organizaciones partidarias, censura y grandes concentraciones humanas. El presente dispone de otras infraestructuras. Existen plataformas capaces de distribuir información a millones de personas en segundos, sistemas que registran comportamientos, algoritmos que seleccionan qué aparece frente a nosotros y redes que pueden producir la apariencia de que una determinada posición política posee un respaldo mucho mayor del que realmente tiene. La tecnología modifica así las condiciones materiales mediante las cuales circula el poder.
El problema, entonces, no es solamente tecnológico. Es político. La tecnología no actúa en un vacío social, sino dentro de relaciones de poder, intereses económicos, conflictos políticos y desigualdades preexistentes. Por eso la pregunta no debería ser únicamente qué pueden hacer los algoritmos, sino quién los controla, con qué información trabajan, qué intereses existen detrás de ellos y qué efectos producen sobre nuestra capacidad para participar de la vida pública.
El término tecnofascismo permite, en ese sentido, mirar una articulación específica entre poder político y capacidad tecnológica. No describe necesariamente un régimen acabado ni una forma histórica idéntica al fascismo, sino una zona de convergencia en la que la vigilancia, la producción de información, la manipulación de la atención y la concentración de poder pueden ponerse al servicio de proyectos políticos autoritarios o profundamente desdemocratizadores.
Cuando el poder también produce realidad
Michel Foucault mostró que el poder no funciona únicamente mediante la prohibición o el castigo. También participa en la producción de aquello que una sociedad reconoce como verdadero, normal o aceptable. Las sociedades construyen determinados «regímenes de verdad», es decir, formas institucionales y sociales mediante las cuales algunas afirmaciones adquieren legitimidad mientras otras son desacreditadas (Foucault, 1980).
En el mundo digital, esta cuestión adquiere una dimensión nueva. Lo que aparece en nuestra pantalla no necesariamente es lo más verdadero ni lo más importante. Muchas veces es aquello que consigue captar nuestra atención. Las plataformas organizan enormes cantidades de información mediante sistemas algorítmicos que seleccionan, jerarquizan y recomiendan contenidos. Nuestra experiencia de internet, por tanto, nunca es completamente espontánea, porque está mediada por infraestructuras que determinan parcialmente qué podemos ver, qué se repite y qué desaparece entre miles de publicaciones (Gillespie, 2014).
Shoshana Zuboff (2019) describió una dimensión económica de este fenómeno a través del concepto de capitalismo de vigilancia. En este modelo, la información sobre el comportamiento humano adquiere un enorme valor económico. Nuestras búsquedas, interacciones, preferencias y respuestas frente a determinados estímulos producen datos que pueden ser utilizados para predecir comportamientos y orientar determinadas conductas.
El dato, por tanto, no es solamente información sobre nosotros. Puede convertirse en un recurso de poder. Si conocemos qué provoca miedo en determinadas personas, qué genera indignación en otras o qué despierta entusiasmo en un grupo específico, podemos construir mensajes diferentes para públicos diferentes. Ya no es necesario que toda la sociedad reciba exactamente la misma propaganda. Puede recibir aquello que mejor se adapta a sus emociones, sus temores, sus prejuicios o sus expectativas.
Esto modifica también la relación tradicional entre propaganda y ciudadanía. Durante buena parte del siglo XX, la propaganda política tendía a producir mensajes relativamente homogéneos dirigidos a grandes públicos. Las plataformas digitales permiten una segmentación mucho más sofisticada, en la que distintos grupos pueden recibir narrativas diferentes sobre un mismo acontecimiento. La disputa ya no ocurre solamente por el contenido del mensaje, sino también por la capacidad de conocer al receptor.
La guerra cognitiva: cuando la disputa ocurre dentro de nuestra cabeza
Aquí aparece otro concepto que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que forma parte del debate estratégico contemporáneo: la guerra cognitiva. La idea central es que las sociedades no solamente pueden ser disputadas mediante fuerza militar, económica o territorial. También pueden serlo mediante intervenciones destinadas a modificar percepciones, emociones, creencias y comportamientos.
La OTAN ha incorporado la dimensión cognitiva a sus debates estratégicos, planteando que las capacidades contemporáneas de información y tecnología pueden utilizarse para influir sobre la manera en que las personas perciben determinadas situaciones y toman decisiones (NATO, 2021). Esta formulación no significa que cada publicación política constituya una operación de guerra cognitiva, pero permite comprender que la disputa por la percepción se ha convertido en un campo explícito de preocupación estratégica.
Una operación política contemporánea no necesita necesariamente conseguir que una mentira parezca verdadera. Puede ser suficiente con producir tanta incertidumbre que las personas dejen de confiar en cualquier mecanismo para comprobarla. Imaginemos un acontecimiento político. Aparece una versión que afirma que ocurrió determinada cosa. Luego surge otra que dice exactamente lo contrario. Después aparece un video sin contexto, una fotografía antigua presentada como actual, un supuesto testimonio, una cuenta que asegura que los medios están ocultando información y otra que afirma que todos los políticos mienten.
El resultado puede ser el agotamiento. Y una persona agotada puede dejar de verificar. Esta dimensión es particularmente relevante porque la manipulación no siempre necesita imponer una mentira concreta. También puede erosionar nuestra confianza en la posibilidad de conocer. Cuando todas las fuentes parecen manipuladas, cuando cualquier evidencia puede ser presentada como propaganda y cuando todas las posiciones aparecen como igualmente sospechosas, la verdad pierde capacidad para organizar la conversación pública.
La eficacia de una operación de este tipo no estaría, entonces, únicamente en conseguir que una determinada falsedad sea aceptada. También puede estar en conseguir que la ciudadanía considere imposible distinguir entre verdad y mentira. Cuando eso ocurre, la discusión deja de organizarse alrededor de evidencias y comienza a organizarse alrededor de adhesiones, identidades y emociones.
Bots, granjas y la fabricación de una mayoría
En este escenario aparecen los bots y las llamadas granjas de bots. Un bot es una cuenta automatizada capaz de realizar determinadas acciones en internet, mientras que una granja de bots puede organizar grandes cantidades de cuentas para producir o amplificar artificialmente determinados contenidos. No siempre se trata de máquinas escribiendo mensajes de manera completamente autónoma. Algunas operaciones combinan automatización, cuentas falsas, personas reales y coordinación.
Las plataformas han documentado operaciones de comportamiento inauténtico coordinado destinadas a manipular conversaciones públicas mediante cuentas falsas, páginas que simulan ser medios independientes y otras estrategias orientadas a producir una apariencia de respaldo social. Esto no significa que todo lo que vemos en internet sea producido por bots ni que toda actividad política de la extrema derecha responda a operaciones automatizadas. Esa sería una explicación demasiado simple.
Los bots pueden amplificar una conversación, pero necesitan un ecosistema humano para adquirir dimensión política. Somos las personas quienes compartimos, comentamos, reaccionamos, discutimos y convertimos determinados contenidos en fenómenos visibles. La automatización puede aumentar la exposición de un contenido, pero su circulación social depende también de comportamientos humanos.
Un estudio publicado por Vosoughi, Roy y Aral (2018) analizó aproximadamente 126.000 historias difundidas en Twitter entre 2006 y 2017 y encontró que las noticias falsas se propagaban más lejos, rápido y ampliamente que las verdaderas, especialmente cuando se trataba de contenidos políticos. Los autores observaron además que los bots aceleraban la difusión tanto de información verdadera como falsa. La investigación, por tanto, no permite reducir el problema a las máquinas: muestra también la importancia del comportamiento humano en la circulación de información.
Esto modifica la manera en que deberíamos mirar el problema. No son solamente los bots. Somos también nosotros, nuestras emociones y nuestra disposición a compartir aquello que nos produce indignación, miedo, sorpresa o entusiasmo. Una granja de bots puede fabricar visibilidad, pero necesita usuarios que transformen esa visibilidad en conversación social.
Cuando los bots también tienen una factura
En Chile, esta discusión dejó de ser solamente una hipótesis tecnológica y comenzó a encontrarse con documentos electorales, empresas y dinero declarado ante la institucionalidad. El caso de Fernando Cerimedo resulta relevante porque permite observar una zona todavía poco regulada de la política digital: aquella en que campañas electorales contratan servicios de comunicación, publicidad o asesoría mientras las plataformas permiten, paralelamente, construir redes de cuentas capaces de amplificar determinados contenidos.
En septiembre de 2026, antecedentes entregados por el Servicio Electoral permitieron establecer que Numen SpA, empresa vinculada a Cerimedo, recibió $25.768.174 por servicios contratados durante la elección de convencionales constituyentes de 2021 por tres candidaturas. Los gastos fueron registrados en las rendiciones electorales y revisados por la autoridad. El antecedente es relevante porque muestra que detrás de la comunicación política digital existen empresas, proveedores y recursos económicos que pueden ser identificados, al menos parcialmente, mediante los mecanismos de fiscalización electoral.
Pero aquí es necesario hacer una distinción fundamental. Que Numen haya recibido esos recursos no demuestra que esas candidaturas hayan financiado bots, campañas de desinformación o ataques coordinados en redes sociales. Tampoco permite atribuir automáticamente esos pagos a las operaciones digitales que actualmente son objeto de investigación. Lo que sí permite afirmar es que una empresa vinculada a un operador político tuvo actividad comercial con candidaturas chilenas y que esos pagos quedaron registrados en el sistema electoral.
Aquí aparece una paradoja de nuestro tiempo. Una democracia puede tener mecanismos relativamente sofisticados para seguir el dinero de una campaña tradicional y, al mismo tiempo, dificultades para reconstruir el recorrido de una operación política que se desarrolla entre empresas, plataformas digitales, cuentas anónimas y proveedores ubicados en distintos países.
El caso Cerimedo adquiere relevancia precisamente por esa frontera. No porque permita afirmar que todos los actores vinculados a él hayan cometido delitos, ni porque cada servicio digital contratado por una candidatura sea una operación de manipulación. Su importancia está en mostrar que la política digital ya mueve dinero, empresas y servicios profesionales mientras la regulación todavía enfrenta dificultades para determinar qué ocurre cuando esas estructuras se relacionan con redes automatizadas, desinformación o campañas de influencia.
La política siempre ha necesitado recursos para comunicar, instalar mensajes y disputar imaginarios. La diferencia contemporánea es que una parte creciente de esa disputa ocurre en infraestructuras privadas y transnacionales donde la trazabilidad es más compleja. Un proveedor puede estar en un país, una empresa registrada en otro, las plataformas en otro continente y las cuentas que amplifican el contenido distribuidas entre múltiples jurisdicciones. La política continúa siendo nacional, pero la infraestructura que permite intervenir sobre ella dejó de serlo.
Por eso los bots también tienen una factura. La pregunta ya no es solamente cuántas cuentas son falsas. También es quién paga, quién contrata, qué servicio compra, quién produce el contenido, quién lo amplifica y qué mecanismos existen para fiscalizarlo.
Extrema derecha y política de la percepción
Durante los últimos años, distintos movimientos de extrema derecha han desarrollado estrategias políticas adaptadas a este nuevo ecosistema comunicacional. Esto no significa que toda la derecha sea extrema derecha, que toda persona conservadora participe de campañas de desinformación o que todos sus contenidos sean producidos mediante bots. Significa que determinados actores políticos han encontrado en las redes sociales un espacio eficaz para instalar temas, construir identidades, amplificar conflictos y convertir determinadas emociones en movilización.
La política digital contemporánea funciona muchas veces a través de la percepción. Una publicación puede generar la impresión de que un problema es mucho más grande de lo que muestran los datos; una cadena de comentarios puede construir la sensación de que «todo el mundo» piensa de determinada manera; una red coordinada puede instalar una etiqueta hasta convertirla en tendencia; un video emocional puede circular mucho más rápido que una explicación que necesita contexto.
El algoritmo no necesita decirnos qué pensar de manera explícita. Puede contribuir a determinar qué vemos repetidamente, qué aparece primero, qué se vuelve visible y qué queda enterrado entre miles de publicaciones. Por eso la disputa política contemporánea no ocurre únicamente alrededor de las ideas. También ocurre alrededor de la atención.
Cuando esta lógica se combina con determinados discursos de extrema derecha, la atención puede organizarse alrededor de elementos como la inseguridad, la migración, los enemigos internos, la crisis económica, el rechazo de las élites políticas, la nostalgia por un orden perdido o las promesas de soluciones rápidas. Algunos de los problemas utilizados en estas narrativas son reales. La inseguridad puede existir, la pobreza existe, la migración plantea desafíos y las instituciones pueden perder legitimidad. El problema analítico aparece cuando fenómenos sociales complejos son reducidos a explicaciones simples que necesitan de un enemigo permanente para sostenerse.
Cuando la política de la percepción se convierte en política material
La discusión sobre tecnofascismo y extrema derecha no puede quedarse en las redes sociales. Si la manipulación de la percepción tiene importancia política, es porque las decisiones que se toman después tienen consecuencias materiales. La política de la pantalla termina llegando a la pensión, al hospital, a la escuela, al empleo, a la vivienda y al precio de los alimentos.
Argentina ofrece un caso que obliga a escapar de las explicaciones fáciles. Durante el gobierno de Javier Milei, la inflación disminuyó de manera considerable y las cifras oficiales mostraron una reducción de la pobreza durante 2025. Al mismo tiempo, Human Rights Watch documentó recortes en educación, salud, pensiones y discapacidad, además de cuestionamientos sobre el espacio para la protesta y los controles institucionales (Human Rights Watch, 2026). Los datos permiten sostener simultáneamente ambas dimensiones: hubo una mejora en determinados indicadores macroeconómicos y sociales, y existieron costos y conflictos distributivos asociados al programa de ajuste.
Esto resulta importante porque una política económica puede producir determinados resultados agregados y, al mismo tiempo, distribuir de manera desigual los costos de la estabilización. La pregunta sociológica no puede limitarse a si una cifra sube o baja. También debe preguntar quién paga el ajuste, qué servicios se reducen, qué sectores quedan protegidos y cuáles quedan más expuestos.
En Chile, el gobierno de José Antonio Kast ha planteado una política fiscal orientada a reducir progresivamente el déficit estructural y contener el crecimiento de la deuda pública. Durante mayo-julio de 2026, el Instituto Nacional de Estadísticas registró una tasa de desempleo de 9,5% y una tasa de ocupación informal de 26,5% (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2026). Estos indicadores describen el contexto laboral en el que se desarrollan las decisiones gubernamentales, pero no permiten atribuir causalmente esas cifras al gobierno actual, porque el empleo responde a múltiples factores económicos y productivos.
La vivienda ofrece otra dimensión de la discusión. El gobierno comprometió 400.000 soluciones habitacionales hasta 2030 y, según antecedentes publicados en septiembre de 2026, había entregado 13.957. La distancia entre una promesa política y su capacidad de ejecución constituye una cuestión material relevante en una sociedad donde el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas sociales. Nuevamente, el punto no es convertir un indicador en una acusación automática, sino observar cómo las decisiones públicas se encuentran con necesidades concretas de la población.
Bolivia presenta una situación distinta. El gobierno de Rodrigo Paz asumió en medio de una crisis económica severa y durante septiembre de 2026 puso término al subsidio estatal al diésel después de la aprobación de un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno sostiene que la medida busca reducir una carga fiscal insostenible y enfrentar la escasez de combustible, mientras organizaciones sindicales han advertido que el aumento de costos puede profundizar el malestar y afectar a hogares y trabajadores. El Ejecutivo anunció medidas compensatorias y sostuvo que parte de los recursos liberados serían destinados a servicios públicos.
Retirar un subsidio puede ser presentado como una medida de estabilización económica y, simultáneamente, producir un aumento inmediato de costos para hogares y trabajadores. El conflicto político aparece precisamente en la distribución de esos costos. La pregunta no es únicamente cuánto ahorra el Estado, sino qué ocurre con quienes necesitan combustible para trabajar, producir alimentos, transportar mercancías o desplazarse.
Colombia permite observar otra dimensión del fenómeno. El crecimiento electoral de la extrema derecha y el peso creciente de los discursos de seguridad no pueden explicarse únicamente por un supuesto deterioro económico generalizado. Los datos oficiales mostraron una reducción de la pobreza monetaria durante 2025, hasta 28%, mientras también disminuyó la pobreza extrema. El desplazamiento político hacia posiciones más duras en materia de seguridad debe ser analizado junto con otros factores, entre ellos la violencia, la polarización, la confianza institucional y la percepción de inseguridad.
Los cuatro escenarios muestran algo que suele perderse cuando la discusión política se reduce a las redes sociales. No existe una relación automática entre derecha, extrema derecha y un único resultado económico. Tampoco existe una consecuencia idéntica en todos los países. Lo que sí puede observarse es una disputa por el modo en que se define la crisis, quién es presentado como responsable, qué soluciones se consideran posibles y quién termina soportando los costos de esas soluciones.
Ese es precisamente el punto donde la política de la percepción se encuentra con la economía. Antes de modificar una política pública, es necesario convencer a una sociedad de que existe un problema determinado. Antes de reducir un gasto, hay que construir una explicación acerca de por qué ese gasto sería innecesario. Antes de endurecer una política migratoria o de seguridad, puede construirse una representación del migrante, del delincuente o del manifestante como amenaza. La batalla por la percepción puede preceder a la transformación material.
De la mentira a la relativización de la verdad
La llamada posverdad suele asociarse con la circulación de información falsa, pero existe un problema más profundo. Como plantea McIntyre (2018), la erosión de la verdad no consiste únicamente en afirmar cosas falsas. También implica una transformación de las condiciones culturales en las que los hechos pueden ser reconocidos como hechos.
Si una persona recibe una noticia falsa y luego descubre que era falsa, todavía existe la posibilidad de corregirla. Pero si esa misma persona llega a creer que ninguna fuente es confiable, que todos los medios manipulan y que cualquier evidencia puede ser una construcción política, la situación es diferente.
La mentira ya no necesita ser aceptada. Puede bastar con que la verdad deje de importar.
Ese escenario es especialmente delicado para una democracia. Una sociedad democrática no necesita pensar igual. Al contrario, necesita conflicto, discusión y desacuerdo. Pero requiere ciertos hechos compartidos para que esas diferencias puedan procesarse colectivamente. Podemos discutir sobre qué hacer frente a la delincuencia, la migración, la desigualdad, el desempleo o la pobreza. Lo que se vuelve mucho más difícil es deliberar cuando ni siquiera existe acuerdo sobre lo que ocurrió.
La emoción como infraestructura política
Sara Ahmed (2004) ha mostrado cómo las emociones no son únicamente experiencias privadas. También circulan socialmente, se adhieren a determinados cuerpos, grupos, símbolos y objetos, y pueden contribuir a producir fronteras entre un «nosotros» y un «ellos». En las plataformas digitales, estas dinámicas encuentran un espacio especialmente acelerado.
El miedo puede convertir a un grupo social en amenaza. La rabia puede transformar un acontecimiento en enemigo. La indignación puede producir participación. El sentimiento de pertenencia puede convertir una opinión en identidad. Las plataformas no inventaron estas emociones, pero ofrecen condiciones materiales para acelerar su circulación y amplificar determinados contenidos.
Byung-Chul Han (2014), desde otra perspectiva, ha analizado cómo las formas contemporáneas de poder pueden operar de manera menos visible que las formas disciplinarias clásicas. No necesariamente necesitamos sentir que alguien nos obliga. Podemos participar voluntariamente en nuestra propia exposición, entregar datos, producir contenidos y reproducir mensajes porque sentimos que estamos actuando libremente.
Esto no elimina nuestra capacidad de decidir. Pero significa que nuestras decisiones ocurren dentro de infraestructuras que pueden orientar nuestra atención y nuestras emociones.
Por eso resulta tan eficaz la política que convierte problemas sociales complejos en conflictos emocionales simples. El desempleo puede dejar de analizarse desde la estructura productiva, los salarios y las políticas laborales para transformarse en la culpa de un grupo específico. La inseguridad puede dejar de abordarse desde sus múltiples dimensiones para convertirse en la representación de un enemigo. La pobreza puede dejar de comprenderse como un fenómeno histórico y económico para transformarse en una responsabilidad atribuida exclusivamente a quienes la padecen.
La emoción no reemplaza a la política. Puede convertirse en una de sus infraestructuras.
¿Por qué debería importarte?
Porque el tecnofascismo no es un problema reservado para especialistas en tecnología ni una discusión académica sobre el futuro. Está relacionado con algo tan cotidiano como la manera en que cada persona construye una idea de lo que está ocurriendo en el mundo.
Importa cuando recibimos un video por WhatsApp y lo compartimos sin revisar su origen. Importa cuando una publicación nos provoca tanta indignación que sentimos la necesidad de compartirla inmediatamente. Importa cuando una cuenta desconocida parece tener miles de seguidores y asumimos que representa una opinión mayoritaria. Importa cuando un contenido aparece repetidamente en nuestra pantalla y comenzamos a confundir esa repetición con relevancia social.
También importa cuando una operación política consigue instalar una idea antes de que los datos puedan discutirla. Si una sociedad llega a creer que la pobreza se debe exclusivamente a determinados grupos, que la delincuencia tiene una sola causa, que toda migración constituye una amenaza o que toda política social es un privilegio injustificado, la discusión pública comienza desde una representación previamente construida.
Y también importa porque la sospecha absoluta puede ser otra forma de manipulación. Si llegamos a creer que todo es falso, dejamos de comprobar. Si creemos que todos mienten, dejamos de buscar fuentes. Si creemos que no existe ninguna verdad verificable, entonces la información más poderosa será simplemente aquella que consiga producir una emoción suficientemente intensa para movilizarnos.
La respuesta no puede ser desconfiar de todo. Necesitamos algo más difícil: recuperar criterios para verificar. Preguntar quién produjo una información, cuál es su fuente original, cuándo fue publicada una imagen, qué evidencia existe, cuánto dinero existe detrás de una campaña y quién puede beneficiarse de que una determinada versión se convierta en dominante son acciones pequeñas, pero políticamente significativas.
No nos vuelven inmunes a la manipulación, pero permiten recuperar una parte de nuestra autonomía frente a un sistema diseñado para competir por nuestra atención.
La verdad como territorio de disputa
El tecnofascismo, entendido como categoría crítica, permite observar una transformación que todavía está ocurriendo. No estamos frente a una copia digital del fascismo histórico, sino frente a un escenario en el que tecnología, datos, plataformas, vigilancia, propaganda y emociones pueden articularse con nuevas formas de poder político.
Los bots son parte de ese escenario, pero no lo explican por completo. Los algoritmos tampoco. El problema aparece precisamente en la relación entre ambos y en la manera en que esas herramientas interactúan con personas reales, intereses económicos, movimientos políticos y sociedades atravesadas por desigualdades y conflictos.
El caso chileno de Cerimedo muestra que esta discusión también tiene una dimensión financiera. Hay empresas, contratos, servicios y dinero electoral. Los casos latinoamericanos muestran, a su vez, que la disputa digital no permanece en la pantalla: se conecta con decisiones sobre gasto público, pensiones, salud, vivienda, empleo, subsidios, seguridad y derechos. Las redes sociales pueden influir en la forma en que esas decisiones son interpretadas antes de que podamos evaluar sus resultados.
La cuestión de fondo sigue siendo la verdad.
No porque exista una sociedad completamente racional que pueda alcanzar una verdad absoluta, sino porque necesitamos criterios compartidos para distinguir entre un hecho, una interpretación, una opinión y una operación de propaganda. Sin esos criterios, la conversación pública queda expuesta a una forma de poder particularmente eficaz: aquella que no necesita decirnos exactamente qué pensar, porque puede intervenir sobre aquello que vemos, sobre aquello que repetimos y sobre aquello que terminamos creyendo que piensa la mayoría.
Quizás la batalla política contemporánea no consista solamente en convencernos de una determinada mentira. Quizás consista en conseguir que dejemos de creer que la verdad puede ser comprobada.
Y cuando una sociedad llega a ese punto, el problema ya no es solamente quién controla la información. Es quién consigue controlar las condiciones bajo las cuales construimos nuestra percepción de la realidad.
*Socióloga, especialista en Salud mental, infancias y Derechos Humanos.
Referencias
Ahmed, S. (2004). The cultural politics of emotion. Edinburgh University Press.
Foucault, M. (1980). Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977 (C. Gordon, Ed.). Pantheon Books.
Gillespie, T. (2014). The relevance of algorithms. En T. Gillespie, P. J. Boczkowski, & K. A. Foot (Eds.), Media technologies: Essays on communication, materiality, and society. MIT Press.
Han, B.-C. (2014). Psicopolítica: Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Herder.
Human Rights Watch. (2026). World report 2026: Argentina. Human Rights Watch.
Instituto Nacional de Estadísticas. (2026). Encuesta nacional de empleo: Trimestre mayo-julio 2026. Gobierno de Chile.
McIntyre, L. (2018). Post-truth. MIT Press.
NATO. (2021). Countering cognitive warfare: Awareness and resilience. NATO Review.
Servicio Electoral de Chile. (2026). Antecedentes sobre rendiciones de gastos electorales y proveedores vinculados a Numen SpA.
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359 (6380), 1146–1151. https://doi.org/10.1126/science.aap9559
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.
