Por Sofía Varas Rojas * |
EL DÍA QUE CHILE CAMBIÓ
Yo era poblador, vivía con mi familia en una casa sencilla, de esas que se van levantando de a poco, con lo que alcanza y con lo que se puede. Esa mañana del 11 de septiembre de 1973 despertamos con los ruidos de los aviones y con una sensación que no sabíamos nombrar. La radio hablaba de movimientos militares, después comenzaron los comunicados, las noticias se mezclaban con rumores y nadie sabía exactamente qué estaba pasando. Recuerdo mirar a mis hijos y pensar que había cosas que un padre no debería tener que explicarles, porque todavía no sabía cómo explicarles que afuera, en nuestro propio país, algo estaba cambiando para siempre.
Durante el día dejamos de salir. Las calles que conocíamos comenzaron a parecer extrañas, los vehículos militares pasaban y la incertidumbre entró a las casas como si también tuviera permiso para quedarse. En algunos lugares se escuchaban disparos, en otros las personas se encerraban esperando que todo terminara pronto. Yo pensaba que al día siguiente volveríamos a nuestras vidas, que abrirían nuevamente los negocios, que los niños irían a la escuela y que aquello sería solamente un día terrible que después podríamos contar. No sabía que ese día tendría una duración mucho más larga que veinticuatro horas, que para muchas familias comenzaría entonces una espera que duraría años, que algunos nombres serían buscados durante décadas y que habría madres que seguirían preguntando por sus hijos cuando ya nadie pudiera responderles.
Con los años entendí que aquel 11 de septiembre no terminó cuando se apagaron las radios ni cuando dejaron de escucharse los aviones. Para nosotros, los pobladores, la dictadura también llegó en las noches de toque de queda, en el miedo a que alguien golpeara la puerta, en los vecinos que desaparecían, en los compañeros que dejaban de estar, en las conversaciones que se interrumpían cuando alguien desconocido aparecía cerca. Algunos fueron detenidos, otros torturados, otros asesinados y otros nunca volvieron a sus casas. Yo seguí viviendo, trabajando, viendo crecer a mis hijos, pero nunca volví a mirar de la misma manera una patrulla militar en la calle ni una puerta golpeada de madrugada. Hay días que pasan, y hay días que se quedan viviendo dentro de una sociedad. El 11 de septiembre fue uno de ellos.
EL 11 DE SEPTIEMBRE: DIECISIETE AÑOS PARA TRANSFORMAR UN PAÍS
Hay fechas que caben en una línea de tiempo y otras que terminan ocupando la vida completa de una sociedad. El 11 de septiembre de 1973 pertenece a estas últimas. Esa mañana, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile depusieron al gobierno constitucional de Salvador Allende. Durante las horas siguientes, La Moneda fue bombardeada, el Congreso Nacional quedó clausurado y la Junta Militar asumió el poder. Comenzaba una dictadura que se extendería hasta el 11 de marzo de 1990.
Pero una dictadura no comienza y termina solamente con dos fechas. Entre ambas existe un proceso histórico en el que cambian las instituciones, las leyes, las relaciones sociales y las posibilidades concretas de participación política. También cambian las vidas de quienes son perseguidos, detenidos, torturados, ejecutados, desaparecidos, exiliados o expulsados de sus trabajos. Por eso, mirar el 11 de septiembre exige observar no solamente el golpe de Estado, sino también aquello que se construyó después.
11 DE SEPTIEMBRE DE 1973: LA RUPTURA INSTITUCIONAL
El golpe de Estado no fue un acontecimiento espontáneo. En la mañana del 11 de septiembre, los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, junto con el director general de Carabineros, constituyeron una Junta de Gobierno. Augusto Pinochet, José Toribio Merino, Gustavo Leigh y César Mendoza suscribieron el primer comunicado de la Junta, mediante el cual las Fuerzas Armadas y Carabineros anunciaban que asumían el control del país (Memoria Chilena, s. f.).
Durante ese mismo día se establecieron medidas destinadas a controlar la vida política y social. Se declaró el estado de sitio, se impuso el toque de queda, se clausuró el Congreso Nacional y posteriormente fueron disueltos o puestos en receso los partidos políticos. También fueron intervenidos medios de comunicación y se restringieron libertades civiles. La Junta pasó a ejercer funciones ejecutivas, legislativas y constituyentes, concentrando en una misma autoridad poderes que en un régimen democrático se encuentran distribuidos institucionalmente.
La ruptura, por tanto, no consistió únicamente en la sustitución de un gobierno por otro. Supuso la interrupción de un orden constitucional y la instalación de un régimen político basado en el ejercicio del poder por una Junta integrada por los máximos mandos de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Pinochet asumiría posteriormente la Presidencia de la República, primero por decisión de la propia Junta y luego mediante las disposiciones establecidas por la Constitución de 1980 (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], s. f.).
LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA DE ESTADO
En los primeros meses posteriores al golpe, miles de personas fueron detenidas por razones políticas. Recintos deportivos, establecimientos educacionales, instalaciones militares, comisarías, cárceles y centros especialmente habilitados fueron utilizados para la detención de personas consideradas opositoras o sospechosas de serlo. El Estadio Nacional, el Estadio Chile, Pisagua, Chacabuco, Isla Dawson, Londres 38, Villa Grimaldi, Cuatro Álamos, José Domingo Cañas y otros lugares quedaron vinculados a la historia de la represión dictatorial (Memoria Chilena, s. f.).
La represión tampoco permaneció estática durante los 17 años. Durante los primeros años se produjeron detenciones masivas, ejecuciones y desapariciones, mientras que posteriormente organismos especializados de inteligencia, como la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y, desde 1977, la Central Nacional de Informaciones (CNI), desarrollaron operaciones dirigidas contra organizaciones políticas y opositores. La DINA actuó especialmente entre 1974 y 1977, y la represión política continuó bajo distintas modalidades durante los años siguientes (Memoria Chilena, s. f.).
La desaparición forzada tuvo una característica particular: no solamente implicaba privar de libertad a una persona, sino también negar información sobre su destino. Para las familias, esto significaba una incertidumbre prolongada, muchas veces durante décadas. La ausencia dejaba de ser únicamente una experiencia privada y se convertía en un problema político, jurídico y social, porque conocer el paradero de una persona detenida dependía de acceder a información que los organismos del Estado frecuentemente ocultaban.
Los informes oficiales elaborados después del retorno a la democracia permitieron documentar parte de esta historia. El Informe Rettig, entregado en 1991 por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, investigó las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990 que tuvieron como consecuencia la muerte de las víctimas. Posteriormente, las comisiones sobre prisión política y tortura permitieron reconocer oficialmente a miles de sobrevivientes de detención y tortura (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación [CNVR], 1991; Instituto Nacional de Derechos Humanos [INDH], 2026).
Según las cifras actualmente sistematizadas por el INDH, las comisiones de verdad y calificación han reconocido 1.092 víctimas de desaparición forzada, 2.111 víctimas de ejecución política y 38.254 víctimas de prisión política y tortura. Estas cifras no representan la totalidad de las consecuencias sociales de la dictadura, sino aquellos casos que han sido reconocidos mediante los mecanismos oficiales de calificación existentes (INDH, 2026).
TORTURAR PARA OBTENER INFORMACIÓN, CASTIGAR Y CONTROLAR
La tortura tampoco fue un fenómeno aislado, los testimonios reunidos por las comisiones de verdad documentaron diferentes métodos de violencia física y psicológica utilizados contra personas detenidas por motivos políticos. Golpes, aplicación de electricidad, violencia sexual, simulacros de fusilamiento, amenazas contra familiares, privación del sueño y otras formas de tormento aparecen en los testimonios de sobrevivientes.
La existencia de estos testimonios modificó la posibilidad de comprender la represión únicamente como una sucesión de casos individuales. La documentación acumulada permitió reconocer patrones, lugares, organismos y modalidades de actuación. La prisión política y la tortura dejaron de ser solamente experiencias privadas narradas por sobrevivientes y pasaron a formar parte de un registro oficial de violaciones de derechos humanos.
El Informe Valech, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, fue entregado en 2004. Su trabajo permitió reconocer oficialmente a miles de personas que habían sido detenidas y torturadas durante la dictadura. La Comisión recibió testimonios sobre lugares de detención, métodos de tortura y circunstancias de privación de libertad, contribuyendo a ampliar la comprensión pública de una dimensión de la represión que durante años había permanecido parcialmente documentada (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura [CNPPT], 2004).
LA PERSECUCIÓN POLÍTICA Y EL CONTROL DE LA SOCIEDAD
La represión no se limitó a quienes ocupaban cargos políticos o militaban en organizaciones partidarias. Las personas perseguidas podían ser dirigentes sindicales, estudiantes, trabajadores, profesionales, integrantes de organizaciones sociales, militantes clandestinos o personas consideradas opositoras por los organismos de seguridad. La clasificación de alguien como enemigo político podía producir su detención, expulsión laboral, exilio o persecución.
La dictadura también modificó las condiciones de participación colectiva. Se restringieron las organizaciones políticas, se intervinieron instituciones, se prohibieron determinadas actividades y se redujeron los espacios donde las personas podían reunirse y expresar públicamente posiciones contrarias al régimen. En este sentido, el control político no dependió solamente de la violencia física, sino también de la transformación de las condiciones institucionales en que se desarrollaba la vida colectiva.
Durante la década de 1980, las protestas nacionales y la reorganización de organizaciones sociales y políticas mostraron que la oposición no había desaparecido. Las manifestaciones fueron respondidas en numerosas ocasiones mediante procedimientos represivos, detenciones y violencia policial y militar. La movilización social comenzó a ocupar nuevamente espacios públicos, al mismo tiempo que las demandas por democracia y respeto de los derechos humanos adquirieron una presencia creciente.
Steve Stern (2006) ha estudiado precisamente este período como una disputa por la memoria y por el significado del pasado reciente. Para el autor, durante la dictadura se desarrollaron distintas formas de recordar y explicar el 11 de septiembre, entre ellas una memoria que interpretaba el golpe como una salvación nacional y otras que lo comprendían como una ruptura violenta del orden democrático. La disputa no ocurría solamente en los libros de historia, sino también en las familias, las organizaciones sociales, las calles y los medios de comunicación.
LA CONSTITUCIÓN DE 1980
El proyecto dictatorial no se limitó al control represivo, también buscó establecer un nuevo orden institucional. La Constitución de 1980 fue elaborada durante el régimen de Pinochet por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, el Consejo de Estado y posteriormente la Junta de Gobierno. El texto fue aprobado por esta última mediante el Decreto Ley N.º 3.464 y sometido a plebiscito el 11 de septiembre de 1980 (BCN, s. f.).
El plebiscito se realizó sin registros electorales, en un contexto de restricción de las libertades públicas y con los partidos políticos de oposición impedidos de desarrollar una actividad política normal. Según los resultados oficiales, la opción favorable obtuvo la mayoría de los votos. La Constitución fue promulgada el 21 de octubre de 1980 y comenzó a regir el 11 de marzo de 1981 (BCN, s. f.).
La relevancia de este proceso radica en que la dictadura no permaneció solamente como un gobierno de excepción. A través de la Constitución se diseñó una institucionalidad destinada a proyectar determinadas reglas políticas más allá del período inmediato del régimen. Brian Loveman y Elizabeth Lira (2021) han estudiado este proceso mostrando la relación entre la Junta de Gobierno, el ejercicio del poder legislativo y constituyente y la construcción institucional desarrollada entre 1973 y 1990.
La Constitución de 1980 estableció, además, disposiciones transitorias que determinaron la continuidad de Pinochet en la Presidencia y establecieron el procedimiento mediante el cual se realizaría posteriormente el plebiscito de 1988. La derrota de la opción que buscaba prolongar su permanencia en el poder abrió el proceso institucional que culminaría con las elecciones presidenciales de 1989 y el cambio de gobierno del 11 de marzo de 1990 (BCN, s. f.).
LA EDUCACIÓN COMO TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL
La transformación del país también alcanzó la educación. Después del golpe de Estado, las universidades fueron intervenidas, numerosos rectores fueron reemplazados por autoridades designadas y se restringió la participación política universitaria. La reforma universitaria iniciada durante los años anteriores quedó interrumpida y las instituciones de educación superior experimentaron profundas modificaciones administrativas y académicas (Memoria Chilena, s. f.).
Durante 1981 se promulgó la Ley General de Universidades. El nuevo marco permitió la creación de universidades privadas y modificó la estructura de las universidades existentes, incluyendo la regionalización y división de instituciones que anteriormente poseían una estructura nacional. La Universidad de Chile fue particularmente afectada por este proceso, entre otras razones por la separación de sus sedes regionales y del Instituto Pedagógico (Memoria Chilena, s. f.).
En la educación escolar también se produjo una transformación de gran alcance. Durante la década de 1980 se desarrolló el proceso de municipalización, mediante el cual una parte importante de las escuelas públicas pasó desde la administración central del Ministerio de Educación a las municipalidades. El proceso se inició en 1980 y su ejecución se extendió durante los años siguientes, hasta completarse en 1987 (Memoria Chilena, s. f.).
La investigación histórica sobre este proceso ha identificado, junto con la municipalización, una expansión de mecanismos de financiamiento mediante subvención por alumno y una mayor participación privada en la provisión educativa. Espinoza y González (1993) y estudios posteriores han mostrado que estas modificaciones no fueron solamente administrativas, sino parte de una transformación más amplia de la relación entre Estado, mercado y educación.
Por eso, hablar de la dictadura solamente desde la represión deja fuera una parte importante de la transformación social ocurrida durante esos años. La violencia política coexistió con modificaciones profundas de las instituciones. Mientras algunas personas eran detenidas, perseguidas o expulsadas por motivos políticos, también se modificaban las formas mediante las cuales el Estado administraba la educación, la salud, la seguridad social y otros ámbitos de la vida pública.
DIECISIETE AÑOS NO SON UNA SOLA EXPERIENCIA
Decir que la dictadura cívico-militar duró 17 años puede producir una imagen engañosa si se entiende ese período como una experiencia homogénea. Los primeros años estuvieron marcados por una represión masiva y por la instalación del nuevo régimen. Posteriormente, la persecución política adquirió otras modalidades, se crearon organismos especializados de inteligencia y aparecieron nuevas formas de oposición y organización social.
La década de 1980 incorporó además una crisis económica profunda, protestas nacionales, reorganización sindical, movimiento estudiantil, organizaciones de derechos humanos y una creciente presión política por la recuperación de la democracia. En ese escenario, la violencia estatal continuó, pero la sociedad chilena también comenzó a recuperar espacios de acción colectiva.
La memoria de esos años tampoco quedó fijada en una única interpretación. Elizabeth Jelin (2002) plantea que las memorias sociales se construyen en procesos de disputa, transmisión y resignificación. No existe solamente una memoria individual del pasado, sino múltiples memorias que se encuentran, se contradicen y buscan ocupar un lugar en el espacio público.
En Chile, esa disputa puede observarse en la propia manera de nombrar el 11 de septiembre. Para algunos sectores fue presentado durante la dictadura como una fecha de liberación o salvación, mientras para otros representó el inicio de la persecución, la pérdida de familiares, el exilio, la prisión, la tortura y la desaparición. Stern (2006) muestra que estas interpretaciones no permanecieron encerradas en el ámbito privado, sino que formaron parte de una disputa social por el significado del pasado.
RECORDAR LOS 17 AÑOS
El 11 de marzo de 1990 terminó formalmente la dictadura de Pinochet y asumió la Presidencia Patricio Aylwin. Sin embargo, el término del régimen no significó que sus consecuencias desaparecieran ese mismo día. Las familias continuaron buscando a sus desaparecidos, los sobrevivientes siguieron entregando testimonios y los tribunales comenzaron, con diferentes ritmos y dificultades, a investigar responsabilidades por violaciones de derechos humanos.
El Informe Rettig fue uno de los primeros instrumentos institucionales destinados a establecer una verdad oficial sobre las muertes y desapariciones ocurridas durante el período. Más tarde, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura amplió el reconocimiento hacia quienes habían sobrevivido a la prisión y la tortura. El proceso de verdad, reparación y justicia continuó durante las décadas siguientes y todavía existen causas judiciales por hechos ocurridos durante la dictadura (CNVR, 1991; CNPPT, 2004).
La existencia de procesos judiciales décadas después de los hechos también muestra que el tiempo histórico y el tiempo de las víctimas no son necesariamente iguales. Una sentencia puede llegar cuando los hijos ya son adultos, cuando los padres han muerto o cuando quienes fueron detenidos tienen más años de los que tenían sus propios padres al momento de la detención. El paso del tiempo modifica las generaciones, pero no necesariamente cierra las preguntas.
Por eso, recordar el 11 de septiembre no consiste únicamente en volver sobre lo ocurrido aquel día. Significa reconstruir el proceso que siguió, identificar cómo se transformaron las instituciones, reconocer a quienes fueron perseguidos y registrar las consecuencias que permanecieron después del retorno de la democracia. Significa también distinguir entre el hecho histórico, las interpretaciones posteriores y las memorias construidas por quienes vivieron esos años.
EL NOMBRE DE UNA FECHA
Una sociedad puede registrar sus acontecimientos en calendarios, monumentos, archivos y libros. Pero las fechas históricas adquieren otro significado cuando detrás de ellas aparecen nombres concretos. El 11 de septiembre de 1973 puede escribirse como el día de un golpe de Estado, pero detrás de esa frase existen personas que fueron detenidas, familias que comenzaron a buscar, estudiantes que dejaron las aulas, trabajadores que perdieron sus empleos, personas obligadas al exilio y comunidades enteras que aprendieron a vivir bajo nuevas reglas.
También existen quienes murieron, quienes desaparecieron y quienes sobrevivieron a la tortura. Sus historias forman parte de una documentación que hoy puede ser consultada en informes oficiales, archivos, investigaciones académicas y sentencias judiciales. Esa documentación permite pasar de la memoria familiar a una dimensión pública de la historia, donde los hechos pueden ser investigados, contrastados y discutidos.
Jelin (2002) sostiene que los trabajos de la memoria implican seleccionar, transmitir y disputar sentidos sobre el pasado. En esa perspectiva, recordar no significa reproducir mecánicamente una historia, sino preguntarse qué se conserva, qué se transmite y qué queda fuera de los relatos públicos. Stern (2006), desde el caso chileno, mostró que la memoria de la dictadura se convirtió precisamente en un espacio de disputa por el significado del pasado.
A 53 años del 11 de septiembre de 1973, la distancia temporal permite observar los 17 años de dictadura como un período histórico completo, pero no convierte sus consecuencias en un asunto terminado. La desaparición de una persona continúa teniendo una historia familiar, una investigación judicial y un lugar en la memoria pública. La tortura de un sobreviviente permanece como testimonio. Una Constitución continúa formando parte de la historia institucional del país. Una reforma educacional continúa teniendo efectos que pueden estudiarse históricamente.
Quizás por eso una fecha no basta para recordar. Hace falta reconstruir lo ocurrido, nombrar a quienes estuvieron allí, distinguir responsabilidades, revisar documentos y comprender cómo una sociedad fue transformada durante esos años. El 11 de septiembre no pertenece solamente a 1973. Pertenece también a quienes vivieron los 17 años posteriores y a las generaciones que nacieron después, porque una parte de la historia de Chile todavía se construye alrededor de las preguntas que dejó aquella fecha.
La memoria histórica comienza, entonces, cuando dejamos de mirar el pasado como una fotografía distante y volvemos a reconocer que detrás de cada acontecimiento existieron personas, instituciones y decisiones concretas. El 11 de septiembre fue un día, la dictadura cívico-militar fueron 17 años. Sus consecuencias, para muchas familias y para la institucionalidad chilena, continúan hasta el día de hoy.
*Socióloga, especialista en Salud mental, infancias y Derechos Humanos.
Referencias
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Constitución Política de la República de Chile: Texto promulgado por Decreto Supremo N.º 1.150, de 21 de octubre de 1980. Historia Política.
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (s. f.). Plebiscito aprueba nueva Constitución Política. Historia Política.
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Gobierno de Chile.
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Gobierno de Chile.
Espinoza, Ó., & González, L. E. (1993). La experiencia del proceso de desconcentración y descentralización educacional en Chile, 1974-1989. PIIE.
Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2026). Situación de los derechos humanos en Chile. INDH.
Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.
Loveman, B., & Lira, E. (2021). La Junta de Gobierno militar: Poder constituyente y legislativo, 11 de septiembre de 1973-11 de marzo de 1990. Ediciones Biblioteca Nacional de Chile.
Memoria Chilena. (s. f.). Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Biblioteca Nacional de Chile.
Memoria Chilena. (s. f.). Violación a los derechos humanos. Biblioteca Nacional de Chile.
Memoria Chilena. (s. f.). Descentralización de la educación. Biblioteca Nacional de Chile.
Memoria Chilena. (s. f.). Ley General de Universidades de 1981. Biblioteca Nacional de Chile.
Stern, S. J. (2006). Battling for hearts and minds: Memory struggles in Pinochet’s Chile, 1973–1988. Duke University Press.