Por Ricardo Ramos* |

El 3 de julio de 1972, vecinos y vecinas de la ciudad rionegrina de Roca (Fiske Menuco) se convocaron para repudiar la firma, por parte del gobernador de facto Requeijo, que legitimaba la creación de un juzgado multifuero en la localidad vecina de Cipolletti. Este hecho ponía en relieve la conflictividad del pueblo con la cúpula del Gobierno provincial en un contexto complejo: hablamos de la autodenominda Revolución Argentina.
El libro titulado «Los espejos del Rocazo. Historia y memoria de una pueblada patagónica», que nos permite sumergirnos en esta trama singular, menciona: «Es evidente que General Roca era un polo opositor a la política del gobernador de facto, quién comenzó a mover piezas políticas con otras localidades de la misma zona. En términos estratégicos, estas ciudades no solo podían sacar provecho inmediato de una alianza política con el actual gobernador, sobre todo en forma de subsidios provinciales para el desarrollo industrial, sino también a más largo plazo en la medida en que el debilitamiento de las fuerzas políticas asentadas en General Roca también implicaría el de la preeminencia de esta ciudad sobre la región. Como resultado de estas negociaciones, el general Requeijo dio cauce a la demanda cipoleña de radicar tribunales judiciales en su propio ejido urbano e independizar Cipolletti y otras localidades valletanas de la justicia roquense».
Esta acción, enclavada en el valle productivo, intentaba restarle importancia a Roca, erosionar su hegemonía político-económica en pos de profundizar la división entre pueblos del Alto Valle. Para tener en cuenta las circunstancias, Yappert y Bohoslavsky nos dejan en claro el papel que ocupaba la ciudad en este escenario:
Conviene no exagerar. General Roca seguía siendo una localidad económicamente poderosa. Por entonces allí había casi doscientos establecimientos agro-industriales, veinticuatro galpones de empaque, diez frigoríficos (11% del total provincial) y en sus sedes bancarias se encontraba el 19% del total de los depósitos particulares de la provincia. (2012, p.27)
Conocido este hecho, y ante una caldeada jornada de asambleas populares, el día 4 de julio, el pueblo roquense comenzó a unir sus fuerzas, ampliar el escenario de convocatoria y a entramar una resistencia ante el avance gubernamental. Para esto, la intendencia municipal se encontraba acéfala, ya que el intendente Fermín Oreja había renunciado el día anterior, tras sentirse presionado por el contexto, por la efervescencia del poder popular y por sentirse limitado en las acciones políticas.
En ese marco se crea se crea la «Comisión Provisoria de Gobierno Municipal» integrada por varias facciones vecinales. Un hecho insólito para la época: tomar el control político de una localidad, desconociendo la autoridad del gobernador de facto. Esta Comisión se dispuso a emitir una serie de comunicados que cambiarían, por aquellos días, las reglas de juego dentro de la localidad, buscando -sin más- la soberanía local. Se crearon disposiciones que se comunicaban diariamente (cambio del sentido de las calles, desconocimiento del Gobierno provincial, paros locales, llamados a no pagar impuestos provinciales, entre otras); se creó una radio clandestina (Raca Libre), ya que la radio local había sido intervenida por el Gobierno militar; se realizó un acto paralelo al oficial del 9 de julio de 1972, donde la población le dio la espalda a los militares; pero, fundamentalmente, se creó una consciencia de unión, lucha y sentido de identidad.
A partir de allí, todo fue represión en ascenso, resistencia popular, barricadas, paros, y detenciones. El pueblo que acompañó un pedido que, en un inicio, afectaba a un sector social fue la punta de lanza para mantener en vilo a las autoridades provinciales y, posteriormente, a las fuerzas represivas del estado nacional. Un pueblo, bajo la consigna «Roca de Pie», se encontraba dando muestras de valentía, en una coyuntura de proscripción política, de erosión de derechos sociales y bajo un esquema de brutal empobrecimiento de sectores populares.
El decreto de Zona de Emergencia, diseñado por el Gobierno represivo, marcó un punto de inflexión. La pueblada se fue diluyendo, pero la marca popular quedaba impregnada en la memoria colectiva.
Meses más tarde, anclado a una salida política polémica por parte de Lanusse -hablamos del Gran Acuerdo Nacional (GAN)- Requeijo, quién había sido habilitado para competir en las elecciones de 1973, llevó adelante una campaña proselitista en Roca, justamente la ciudad a la que intentó restarle poder político. La mecha era nuevamente encendida: manifestaciones, revueltas, represión, y corridas. Pero esta vez, desgraciadamente, un joven era asesinado. Un custodio del exgobernador de facto terminó con la vida de Agustín Fernández Criado, única víctima en Gral. Roca de la represión militar de la llamada Revolución Argentina.
El Rocazo es un trazo de memoria patagónica, que se explica en un contexto provincial y nacional complejo, agitado. Es necesario recordar estos hechos populares para poder generar puentes identitarios, memorias plurales de resistencias. Crear huellas históricas para que el pasado no pase, sino que se inscriba en las memorias populares, sea releído en un escenario donde los lazos de solidaridad, de unión, intentan ser resquebrajados por políticas neoliberales donde impera el «sálvense quién pueda», y la meritocracia marca el pulso individual.
*Profesor de Historia. Autor del libro «Los Espejos del Rocazo. Historia y memoria de una pueblada patagónica». Primer premio ensayo/investigación convocatoria 2024, Fondo Editorial Rionegrino.
