
- La Masacre de Eldorado do Carajás |
Llevaban siete días de larga caminata. Una semana de haber partido rumbo a Belém, capital de Pará, al norte de Brasil. Eran cerca de 1500 campesinos y campesinas que marchaban en grupo hacia la hacienda Macaxeira, un espacio ocupado por cientos de familias sin tierra. Buscaban sumarse para lograr la expropiación definitiva del lugar. Ese 17 de abril de 1996, al costado de la carretera PA-150, decidieron detenerse para acampar en una parte conocida como la “curva do S”. Cerca de las 16.00, mientras se acomodaban, alguien advirtió que, a lo lejos, varios vehículos se acercaban hacia el campamento. Era la policía militar.
Horas atrás, alguien informaba de la situación al gobernador de Pará, Almir Gabriel. Su secretario de seguridad, Paulo Sette Cámara, le dijo estar dispuesto a ir por todo y dar una lección ejemplar. Según sus propias palabras, a «usar la fuerza necesaria, inclusive tirar». Él se haría cargo de la situación y sería responsable de dar la orden. Había que sacar de la ruta a la gente del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra como fuera, borrarla de un territorio de grandes proyectos mineros y de explotación ganadera. Las reformas agrarias y el derecho a la tierra no estaban en los planes del Gobierno.
Al llegar a la zona donde acampaban, los 155 policías enviados comenzaron con el operativo arrojando gases. En su apoyo asistirían grupos enviados por la empresa Vale do Rio Doce, armados y en defensa de los grandes latifundios. Con los primeros disparos, el terror se apoderó de las familias. Hombres y mujeres corrían para donde podían mientras buscaban escondite entre la vegetación o resguardo en una pequeña capilla. Se encontraban a pie y no había para dónde huir. A los pocos segundos, el sonido de las balas ya no se distinguía de los gritos. En medio del fuego cruzado, una sobreviviente recordará a madres buscando a sus hijos e hijas y a un hombre asistiendo a un nene baleado mientras el resto intentaba escapar de las ráfagas que le seguían los pasos.
Ese día, 17 personas fueron asesinadas, 2 fallecieron luego y 70 terminaron heridas. Las autopsias revelaron que la policía ejecutó a 10 personas, que otras fueron golpeadas hasta la muerte y varias asesinadas con sus propios machetes y hoces. De quienes participaron en la masacre, solo 2 comandantes fueron condenados a prisión y uno de ellos recibió el privilegio de que fuera domiciliaria. Como los uniformados no llevaban identificación ni usaban armas registradas, no se pudo saber a quiénes pertenecían las balas disparadas. La manipulación de la escena, sumada a la impunidad oficial, impidieron la investigación. Tiempo después, la hacienda Macaxeira sería expropiada y allí se instalaría el asentamiento 17 de Abril. Hoy, esas tierras que pertenecían a una de las personas que dio la orden para la masacre son de sus sobrevivientes.