- Menem y las Leyes de Impunidad |
El anuncio del recién asumido presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, proclamaba que, a partir de ese momento, se terminaba «el país de todos contra todos» y comenzaban los tiempos de «todos junto a todos». Y no tardaría en demostrar que hablaba en serio. A solo tres meses de ocupar su cargo, ponía la firma sobre cuatro decretos. Así, por obra y gracia del nuevo representante del pueblo, quedaban en libertad quienes no habían pasado el filtro de las leyes de impunidad de Alfonsín: desde militares carapintadas o condenados por delitos de conducción de la guerra de Malvinas hasta personas acusadas de «subversión», entre ellas, varias que se encontraban desaparecidas. Pero eso no iba a ser todo. Un año más tarde, aprovechando los festejos de Navidad y Año Nuevo, selló otro pacto. Uno que se venía tejiendo hace tiempo. Uno diseñado a la medida de los principales jerarcas de la última dictadura militar.
El decreto comenzaba con la declaración de que, tras «las medidas dispuestas por el gobierno nacional para crear las condiciones que posibiliten la reconciliación definitiva entre los argentinos», y considerando «los desencuentros habidos en el pasado inmediato», el Gobierno contribuía para «afianzar el proceso de pacificación”. Esta “contribución”, decorada de “pacificación nacional” y cargada de una batería de argumentaciones dispuestas al servicio de los indultos, dejaba atrás las condenas dictadas en 1985 y otorgaba la libertad a los genocidas de la Junta Militar.
Una impunidad planificada y maquillada de «reconciliación definitiva», promovida como la «única solución posible para las heridas que aún faltan cicatrizar y para construir una auténtica patria de hermanos». En nombre de la citada “grandeza espiritual de los hombres y mujeres de esta nación”, gozarán de libertad: Videla, Massera, Agosti, Viola y Lambruschini. Además, en el paquete entraban José Alfredo Martínez de Hoz, Suárez Mason, Camps, entre otros. Pero para que todo esto tuviera sentido, y en pos de la supuesta hermandad, también se indultaba a Mario Firmenich, líder de Montoneros -quien, a su vez, no puso reparos a caer en la misma bolsa-. Y, así, que la patria sea unida.
Para ese entonces, figuras públicas como Ernesto Sábato ya habían instalado en la sociedad, sin demasiados tapujos, la idea de que todo había sido una «guerra entre dos demonios». De este modo, se revestía el pasado y se equiparaba el terrorismo de Estado con la lucha de los pueblos. Y, como diría Menem, «el que no está de acuerdo se puede ir, que nadie va a ofenderse». Bajo este supuesto escenario de reconciliación, en un país que había sufrido el secuestro, la tortura y desaparición forzada de 30.000 personas, ocultaba un camino orquestado con los mandos militares quienes, a cambio, custodiarían el saqueo y desguace del Estado argentino. Un proceso que se aceleraría velozmente en los próximos años.