- El asesinato de la Florencia «la China» Cuellar |
Cuando Alfredo Cuellar llegó al penal, un oficial le pidió que se sentara y aguardara unos minutos hasta ser atendido. Inmediatamente, fue a informar a sus superiores. Los había tomado por sorpresa, no lo esperaban ahí y mucho menos en ese momento. Con el paso de las horas, un policía se acercó y le avisó que ya podía pasar. Ese mismo día, Alfredo había recibido un llamado de un grupo de presas compañeras de su hija Florencia que le pedían que se acercara rápidamente ya que algo había sucedido. Según le habían dicho, no debía demorarse. Por eso, ese 23 de diciembre de 2012, Alfredo tomó sus cosas y fue sin demoras al Complejo Penitenciario de Ezeiza. Su intuición ya le auguraba lo peor.
Frente a él, escoltado por varios uniformados, un oficial apoyaba una hoja y una lapicera sobre el escritorio y le pedía que pusiera su firma. Todo debía ser rápido y sencillo, le dijeron, pero Alfredo se tomó su tiempo. Lo que tenía delante era un acta y lo que estaba avalando, si apoyaba la lapicera sobre el papel, era que su hija se había suicidado. Luego de leer, Alfredo se negó a firmar. Sabía bien que la versión oficial que decía se había ahorcado era falsa y que su hija no era capaz de algo así. Ante su negativa, le informaron que no le podían dar el cuerpo. Recién lo tendría una semana más tarde.
En la primavera del 2007, Florencia había sido detenida por una pelea en la calle. De todas las personas presentes, fue la única demorada. Luego sería trasladada al instituto de menores por «lesiones graves» y la condena sería de seis años de prisión. Con 17 años, en el pabellón fue aprendiendo los códigos y a sobrevivir en un mundo fuera de la ley y de las cámaras. Además, organizó un grupo de mujeres para resistir a los abusos del sistema carcelario. El 11 de agosto de 2012, fue llevada a la unidad de mayores y, cuatro meses después, con el cuerpo repleto de golpes, el Servicio Penitenciario Federal informaba que había aparecido muerta producto de un suicidio con un cordón de zapatilla. Un suicidio similar al de las otras ocho mujeres que también reclamaban sus derechos en el Complejo Penitenciario de Ezeiza entre el 2009 y el 2012. Una historia común.
A partir de ese día, Alfredo dedicó su vida a la lucha antirrepresiva. Sería secuestrado y torturado, y a Carlos, su hijo, le incendiaron la celda donde estaba detenido en mayo de 2020 dejándolo en coma. A día de hoy, no hay respuestas ni del Estado, ni del Poder Judicial. Los jueces sostienen que el Gobierno no tiene responsabilidad y que las fuerzas de seguridad tampoco. Son las vidas que no importan, las que quedan en la sombra del interés social. Las invisibles. Esas que viven lejos de muchas de las demandas y luchas por derechos. Una inmensa deuda pendiente que pide a gritos ser oída.