- El Santiagueñazo |
Los últimos meses de 1993 caían pesados sobre Santiago del Estero. El modelo menemista golpeaba con dureza a los más desprotegidos, y la brecha de la desigualdad se hacía cada vez más intolerable. Mientras se vaciaba el país entre privatizaciones y fugas, la provincia sufría su propio infierno. A las crisis anteriores se sumaban los salarios congelados, la reducción del gasto público y la falta de apoyo financiero a las provincias. Así, Santiago comenzó a transformarse en el caldo de cultivo perfecto para lo que estaba por acontecer. Como suele ocurrir cada vez que los gobiernos intensifican el ajuste en beneficio propio, en algún momento una gota rebalsa el vaso. En este caso, la chispa que encendió el fuego llegó con la suspensión del pago a jubilados y empleados estatales.
En octubre de ese año, el gobernador Carlos Mujica había renunciado a su cargo tras ser aislado por el Gobierno debido a su rechazo a apoyar la «ley ómnibus» que imponía despidos y reducción de salarios. Su vicegobernador, Fernando Lobo, asumió el mando e intentó, inútilmente, acercarse a Menem buscando algo de aire. El 16 de diciembre, la paciencia de la gente se agotó y salió a las calles para marchar hacia la Casa de Gobierno. Con el paso de las horas, la movilización creció y la policía comenzó a reprimir. Pero, esta vez, no había amenaza suficiente que frenase a la desesperación.
Los primeros enfrentamientos no tardaron en producirse, y la gente, enfurecida, volcó e incendió una camioneta de la policía. De ahí en más, la violencia desde abajo en respuesta a la muerte impuesta desde arriba se transformó en una avalancha sin freno. Cuando era evidente que las fuerzas represivas habían perdido el control y el pueblo estaba tomando el edificio, los funcionarios escaparon por detrás en camiones de bomberos. En minutos, las llamas comenzaron a cubrir la Casa de Gobierno, y la policía cambió balas de goma por balas de plomo y disparó a las multitudes.
Con todo Santiago de pie, Menem redobló la apuesta y habló de una «cirugía mayor» para la provincia. Por su parte, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, afirmaba ante la prensa que su política era «al servicio de la gente” y por la que habían votado. En respuesta, Tribunales y la Legislatura también fueron incendiados. Con los edificios públicos tomados, el pueblo se dirigió hacia las viviendas de los políticos, y casa por casa, destruyeron las pertenencias de sus verdugos. Al día siguiente, el Estado envió a la Gendarmería y a la Policía Federal que avanzaron sin distinguir adultos de niños. Con la provincia militarizada, se anunció a Juan Schiaretti como interventor y se aplicaron medidas para dar aire y calmar a la población. Mientras tanto, Cavallo insistía con que continuaría con el ajuste porque solo habían sido unos pocos revoltosos. Era el fin de una revuelta histórica y el comienzo de una serie de estallidos que culminarían ocho años más tarde: el 19 de diciembre de 2001.
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