- Sobre la ley de Obediencia Debida |
El sueño democrático comenzaba a mostrar sus grietas. Finalizados los años más brutales e impunes de nuestra historia moderna, gran parte del pueblo argentino resurgía en una renovada esperanza con la expectativa latente de que, por fin, fueran condenados los responsables del genocidio. Sin embargo, al histórico juicio a las juntas le seguiría una de las leyes más vergonzosas de la historia. Por orden del presidente Raúl Alfonsín, «el padre de la democracia», el 24 de diciembre de 1986 se promulgaba la ley de Punto Final. Serían los primeros pasos para aquella temprana sensación de que los nuevos tiempos no eran más que la continuidad de un plan político, social y económico.
Pese a todo, la disconformidad de los militares seguiría vigente. La ley no había solucionado del todo sus problemas y, además, días antes de su sanción, se había dictado el procesamiento de 500 represores y miles de nuevas denuncias de familiares habían sido presentadas. Como dato no menor, muchos oficiales de altos mandos designados por el nuevo Gobierno radical también estaban procesados por sus tareas durante la dictadura. Así, entre la negativa a declarar por torturas y asesinatos del mayor Ernesto Barreiro, el primer levantamiento carapintada y la exigencia del fin de los juicios, se preparaba el terreno para una nueva ley. Aún faltaba más.
Luego de una de las marchas más importantes en la historia argentina, donde miles y miles de personas salieron a las calles para exigir justicia, Alfonsín habló desde el balcón. Allí, dijo que la casa estaba en orden, que esos militares carapintada, «algunos de ellos héroes» de Malvinas, «tomaron una posición equivocada» y que, para evitar que reprimieran al pueblo, había dado instrucciones al Ejército. Sin embargo, el arreglo ya estaba digitado y el Acta de Compromiso Democrático firmada sería el preámbulo de una nueva ley de impunidad. Puertas para adentro, la casa se estaba poniendo orden.
El 23 de junio de 1987, se declaraba constitucional la ley de Obediencia Debida, como diría Alfonsín, “el paso máximo que se puede dar”. De esa forma, se terminaba con las acciones penales contra aquellos militares que hubieran estado «cumpliendo órdenes». A partir de ese momento, quedaban en libertad algunos de los miembros más importantes de la dictadura, entre ellos, Astiz, Donda y Bussi. Al mismo tiempo, el Gobierno fingía demostrar un «sano» equilibro entre impunidad y calma para un pueblo movilizado que solo exigía juicio y castigo. Una parte estaba lograda; la reconciliación no. En el año 2003, ambas leyes serían declaradas nulas y, en el 2005, la Justicia las inconstitucionalizaba. Tras dos décadas de impunidad, comenzaban los juicios a parte de los responsables. Aún hoy, se sigue demandando verdadera justicia. Y democracia.